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Abog. Omar Nayar
Abog. Omar Nayar

En fecha 30 de diciembre del año 2014, por medio de la Ley Nº 5.140, se creó la COMISIÓN NACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL SISTEMA PENAL. Dicha comisión está integrada por Senadores y Diputados, así como los asesores expertos quienes colaboran en el trabajo. También se dio participación a representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y de la Defensoría Pública.
La comisión, según lo establecido en la ley, debió entregar su trabajo dentro del periodo de un año; lo cual considero un tiempo muy corto teniendo presente la complejidad del trabajo y los vaivenes políticos partidarios cuyos intereses suelen distar mucho de las necesidades reales y objetivas de la Política de Estado, entendida ésta desde la voluntad popular, la cual no siempre sale a la luz, por estar opacada por intereses particulares que dominan la política del Estado, en una puja de grupos de poder totalmente abstraídos del soberano, convirtiendo al sistema Republicano Representativo en un gobierno compuesto por autistas.
Actualmente, esta Comisión de Reforma, sigue trabajando con integrantes nuevos y con otros que ya fueron parte del primer grupo de trabajo. La Presidente de la Comisión manifestó que sería útil realizar el trabajo por temas y no por artículos para poder avanzar más rápido y presentar un producto este año.
La representante del Ministerio Público dijo que se oponía a esta forma de trabajo y que prefieren se avance artículo por artículo. Como una opción ecléctica a la controversia sobre la modalidad de trabajo, la representante del Poder Judicial, propuso avanzar por temas, pero con la libertad de que cualquiera de los miembros de la Comisión, ponga sobre la mesa de discusión artículos de la Constitución o de la ley que pudieran ser vulnerados y tengan la entidad para producir antinomias jurídicas.
Es menester manifestar que las leyes relativas al sistema penal de un país son de las más importantes, dentro del sistema positivo; ya que constituyen el límite al Poder de Castigar del Estado. Su objeto es la protección de bienes jurídicos y de valores ético sociales, a así como evitar arbitrariedades y abusos de poder por parte de las autoridades contra los ciudadanos.
Se trata de la segunda reforma amplia del Sistema Penal Paraguayo en la era democrática, la primera tuvo lugar entre los años 1997 y 1998, por medio de la cual, en consonancia con la Constitución del año 1992 y los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscriptos, ratificados y canjeados por la República Democrática del Paraguay, pasamos del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Penal Acusatorio.
Entre la primera y la actual reforma, hubo modificaciones de varios artículos en forma aislada, no por una necesidad real y útil para el fortalecimiento de la seguridad jurídica del Estado, sino como el resultado de presiones apasionadas de grupos fácticos de poder, quienes en su afán de eliminar a sus enemigos políticos o competidores comerciales coyunturales, echaron mano al control político que ejercieron, cada uno, a su turno, para realizar modificaciones al Código Penal y Procesal Penal, que al final, dejó desprotegida y en libertad condicional a los ciudadanos honestos de este país, quienes son la gran mayoría.
No resulta ocioso explicar la diferencia entre el Sistema Penal Inquisitivo y el Sistema penal Acusatorio. El primero se caracteriza por la concentración del trabajo y del poder en una sola persona. El juez Penal se encargaba de la investigación y de juzgar también al sujeto procesado, con lo que inexorablemente se veía involucrado en un grave problema de parcialidad y de abusos a la hora de juzgar, debido a que en los trabajos de investigación se contaminaba con la colección de evidencias y a la hora de evaluar los resultados de dicha investigación. En este sistema, el Fiscal, no tenía mayor incidencia en el proceso, limitándose a hacer dictámenes no vinculantes. El sistema inquisitivo es propio de los regímenes absolutistas, de las dictaduras tiránicas, de los Estados llamados de Policía. Las sanciones se limitaban a la pena privativa de libertad y a sanciones administrativas.
Con relación al Segundo Sistema Penal, el llamado Acusatorio, se caracteriza por la división del trabajo, donde toma un rol muy importante el Ministerio Público como representante de la sociedad y como titular de la acción penal pública. En este sistema, el Ministerio Público, es el encargado de la investigación, que en caso de colectar todos los elementos que le den la posibilidad de probar la comisión de un hecho punible, por parte del sujeto imputado, procede a presentar acusación y a solicitar el juzgamiento del acusado en un juicio oral y público. Con esta división del trabajo el Juez o Tribunal encargado de juzgar al acusado no se contamina con la investigación y sólo toma contacto con los hechos, las pruebas y las sendas teorías del caso presentadas por cada parte, en el juicio oral y público. Este último elemento relativo a lo público del juicio oral, si no se cumple con la participación del pueblo es causal de nulidad del juicio, ya que los ciudadanos no están presentes en el juicio oral por una cuestión de chisme u otro motivo pueril, sino que son los testigos y garantes de que el juzgamiento al acusado se condujo dentro del marco de la normativa Constitucional y legal.
El proceso penal en el Paraguay tiene tres etapas, la preparatoria o investigativa, la intermedia y el juicio oral y público. La primera y segunda epata son controladas por un Juez denominado de Garantías, quien se encarga de velar por el respeto al debido proceso con relación al imputado y con relación a la víctima. En el Juicio Oral y Público interviene un Tribunal Colegiado integrado por tres miembros, uno de los cuales es el Presidente y tiene a su cargo dirigir el juicio oral y público.
Nuestra Constitución en materia penal se basa en principios garantistas, en la buscaqueda constante de sujetarse al debido proceso, así como lo estable el Art. 16 y 17 de la Carta Magna. También lo relativo a los fines de la pena basados en los principios de prevención general y de prevención especial positiva. Con relación a la sanción penal nos adscribimos al sistema de la doble vía o del sistema vicarial, al sancionar al ciudadano con penas o con medidas de seguridad, y algunos hablan de una tercera vía, que es la reparación del daño. Desapareció la sanción administrativa.
Con relación a las medidas de seguridad, la misma se aplica a personas que son inimputables, pero que son consideradas peligrosas. Esta doble vía no es prácticamente utilizada por los tribunales y no es usual en el Ministerio Público solicitar su aplicación, obviando su obligación de actuación con criterio objetivo. Su aplicación correcta ayudaría mucho a descongestionar las cárceles donde se encuentras privadas de su libertad personas enajenadas y muchas personas adictas, quienes deberían tener otro tratamiento. Lo cual resultará más eficaz para la resocialización y redundará, con el tiempo, en un ahorro significativo de recursos provenientes de los impuestos.
Nuestro sistema penal, en los papeles, es uno de los más respetuosos de los mencionados principios y garantías del debido proceso y de los derechos humanos, lo cual en la realidad no se materializa por las razones ya esgrimidas.
Por las virtudes mencionadas de nuestro sistema penal es que poderosamente llama la atención que el Estado acepte asesoramiento en materia de Política Criminal y de Persecución Penal de países como Estados Unidos, particularmente porque dicho País se maneja con procedimientos que van de contramano con los postulados de nuestra Constitución y de nuestras normas penales de fondo y de forma. Por eso es bueno decirles a los policías, fiscales y jueces que no todo lo que ven en las películas de Hollywood o en las series de Nexflix son aplicables a nuestro sistema penal, por más que sean recomendaciones o imposiciones disfrazadas de cooperación. Hay que hacer respetar nuestra soberanía, de lo contrario somos un Estado fallido. Especialmente, lo relativo a delitos de narcotráfico y de terrorismo, porque hemos visto muchas actuaciones y procesos judiciales llevados al margen de principios fundamentales consagrados en la Constitución.
Otro tema muy importante son los pedidos de extradición de ciudadanos paraguayos, basadas en investigaciones hechas a espaldas de los investigados, lo cual es absolutamente inconstitucional en nuestro país.
Se hace oportuno, traer a colación el caso Nicolás Leoz, a quien la «justicia norteamericana» intentó extraditar presentando pruebas que nunca le dieron la oportunidad de controlar. En base a nuestra Constitución y nuestra soberanía dicho pedido de extradición debió ser rechazado rápidamente y sentar un precedente coherente con los principios de nuestra Carta Magna y dar un mensaje claro a nuestros ciudadanos, asegurándoles que no pagan sus impuestos en vano, que son importantes para su país y que el Estado paraguayo está abierto y dispuesto a que se haga justicia cuando sus ciudadanos se ven involucrados en hechos punibles como los denunciados, pero que también está cerrado e intransigente cuando dichas acusaciones se basen en pruebas obtenidas ilegalmente, como en el ejemplo citado, sin dar la oportunidad de controlar la actuación fiscal al imputado.
Da fuerza a mi afirmación lo dicho por la propia Fiscala General de E.E.U.U, Loretta Linch, al manifestar que ellos (EE.UU) hace más de 30 años ya tenían conocimiento de estas operaciones. Sin embargo nunca imputaron al Dr. Nicolás Leoz por los hechos punibles que le atribuyeron, ni le dieron la oportunidad de controlar las pruebas que supuestamente encontraron en su contra.
Y en el Derecho Internacional Público es muy importante tener en cuenta la reciprocidad. La defensa del Dr. Nicolás Leoz basó el pedido de rechazo de la extradición en que el hecho punible de soborno privado no estaba tipificado en nuestro Código Penal, violando con ello el principio de legalidad penal, lo cual considero es un argumento fuerte y muy válido, pero para mí lo más importante fue la violación del Art. 16 y 17, incisos 7), 8) y 9) de la Constitución.
Al final la extradición no se materializó porque se produjo el fallecimiento del supuesto extraditable.
Esto es a modo de introito para que podamos entrar en el tema central del presente artículo.
MODIFICACIÓN DEL ART. 228 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
En esta ocasión quiero referirme a algunos pocos temas de la reforma que estuve viendo en uno de los vídeos de las reuniones de la Comisión de Reforma. En particular, el tema de pedido de INFORMES, el cual se encuentra en el Libro Tercero, MEDIOS DE PRUEBA, TÍTULO V, OTROS MEDIOS DE PRUEBA, en el Art. 228, con el epígrafe: INFORMES, el cual, según el Código Procesal Penal vigente tiene la siguiente redacción:
“El juez y el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada. Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas para el incumplimiento del deber de informar”
Según pude ver en el video de reunión la motivación para la reforma de este artículo fue la necesidad de establecer igualdad procesal con relación al control de colección de evidencia en el estadio procesal indiciario de la investigación, inmediatamente posterior al conocimiento de la NOTICIA CRÍMINIS, donde generalmente la defensa no tiene participación en el control probatorio de conformidad a lo establecido en el Art. 17 de la Constitución.
Señalaron el problema del informe técnico producido por técnicos forenses que están al servicio del Ministerio Público y específicamente del Departamento de Asistencia a las víctimas, donde las mismas son asistidas por psicólogos surgiendo como resultado un informe técnico y apuntaban sobre la emergencia de una dualidad en el funcionario que asiste a la víctima, como experto y también como testigo. Y aquí comienzan a referirse al TESTIGO EXPERTO, afirmando que la figura del mismo no está prevista en el actual Código Procesal Penal
La desigualdad procesal apuntada en beneficio del Ministerio Público y en perjuicio de la defensa técnica se da, según el análisis de la Comisión, en la introducción ilegal del informe escrito del funcionario de asistencia a víctimas, el cual se introduce como informe por su lectura, no siendo procedente esa introducción al juicio oral por ese medio. En la práctica, en el desarrollo del juicio oral y público la defensa técnica no tiene la oportunidad de controvertir el informe y con el agravante que el mencionado informe tiene conclusiones propias de una pericia.
Similar situación acontece con los peritos informáticos al extraer componentes de una máquina procesadora de datos y otros casos en lo que se requiere intervención inmediata de experto en la etapa incipiente del proceso, decían.
En otro pasaje de la reunión se propuso introducir la figura del Testigo Experto o Testigo Perito en el Art. 371, pero no prosperó.
Asimismo, se introdujo modificaciones al Art. 217, Orden para la pericia, del Código Procesal Penal. Dicha modificación se trasuntó en el Art. 228 relativo a los informes, donde ahora se habla de informe técnico y del TESTIGO PERITO, cargando a este último con similares requisitos que un PERITO.
Por otra lado, el Ministerio público manifestó su preocupación por la cadena de custodia a la hora de que las partes ejerzan su derecho de elaborar sus respectivos informes técnicos para lo que tendrán que acceder al material y existe el riesgo de extravío, adulteración o eliminación del mismo.
Ante esta inquietud el representante del Poder Ejecutivo señaló que hay que tener presente la naturaleza de la prueba y se tiene la herramienta procesal del anticipo jurisdiccional de prueba para evitar este riesgo.
NUEVA REDACCIÓN con relación a los temas expuestos en el Art. 228, 2b es el siguiente:
INFORME TÉCNICO
“Procederá el informe técnico bajo la dirección del Ministerio Público cuando sea necesario describir, verificar o colectar información a través de conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, por parte de quien lo percibió primeramente, y cuente con conocimientos específicos en la materia respectiva. El informe técnico deberá ser practicado por expertos idóneos en el conocimiento requerido, quienes deberán poseer título habilitante en la materia relativa al punto sobre el cual elaborará el informe siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén reglamentados. En caso contrario deberá contar con idoneidad manifiesta.
1. No podrá, realizar el informe técnico quienes por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, por inmadurez, no comprenda el significado del acto.
2. Quienes deban abstenerse de declarar como testigos.
3. Los inhabilitados

Las partes podrán solicitar que los técnicos sean citados a declarar en el juicio oral acompañando los comprobantes que acrediten la idoneidad profesional del experto.”

MI OPINIÓN
Me parece prudente iniciar abordando sucintamente el tema probatorio con relación al principio en que está basado nuestro sistema penal. En ese sentido, el principio en el cual se sustenta el Código Procesal Penal o Código de forma o adjetivo, en materia probatoria, es el de la LIBERTAD PROBATORIA, establecido en el Art. 173 del C.P.P. el cual reza:”Libertad probatoria.
Los Hechos y circunstancias relacionados con el objeto del procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes.
Un medio de prueba será admitido si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y es útil para el descubrimiento de la verdad. El juez o tribunal limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos”.
En ese mismo sentido, el jurista Vélez Mariconde, nos dice sobre el principio de la libertad probatoria: “Todo se puede probar y por cualquier medio, salvo las taxativas prohibiciones o limitaciones que la ley establezca, que siempre son excepcionales”.
Entonces podemos colegir que en nuestro sistema penal la regla es la libertad probatoria, tanto en el objeto de prueba como en los medios de la prueba y que la excepción es la limitación probatoria. A diferencia del proceso civil donde las pruebas son tasadas, se limitan a lo establecido en la norma.
En concordancia con este principio el Art. 175 del Código Procesal Penal prescribe sobre la valoración de la prueba y reza:
“Las pruebas obtenidas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. EL tribunal formará su convicción de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”
La norma nos indica que en el sistema de la libertad probatoria sólo excepcionalmente aparecen ciertas limitaciones que tienen que ver con la exclusión de pruebas que vulneren garantía consagradas en la Constitución, es así que el Art. 174 del C.P.P., establece:
“Exclusiones probatorias.
Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren garantías procesales consagradas en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en las leyes, así como todos los otros actos que sean consecuencia de ellos”
Con lo expuesto, hasta aquí se hace evidente que la intencionalidad de nuestro sistema penal acusatorio, en lo relativo a la prueba, es mantenerse alejado de la rigidez de la prueba tasada, para conseguir construir una teoría del caso que recoja elementos útiles en la búsqueda de una verdad histórica que más se acerque a la verdad real.
Otro principio procesal fundamental necesario y oportuno es el principio de igualdad procesal que está establecido en el Código Procesal Penal en el Art. 9 y que reza:”
“Se garantiza a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y en este código. Los jueces preservarán este principio debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten”
Como lo había señalado uno de los inconvenientes procesales que la Comisión de reforma encontró y que motivó la propuesta de modificación del Art. 228 sobre solicitud de informes es que en nuestro Código Procesal Penal supuestamente no está prevista la figura del TESTIGO PERITO O EXPERTO. Considero que sería esclarecedor analizar la normativa con relación al testimonio y específicamente de quienes pueden ser testigos. La respuesta la encontramos en los Artículos 202 y 203, los cuales transcribo a continuación.
“Deber de interrogar.
Toda persona que conozca los hechos investigados será interrogada cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”
“Deber de testificar.
Toda persona tendrá la obligación de concurrir a la citación judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley”.
Nuestro Código Procesal Penal actual, muy acertadamente, siguiendo el principio de libertad probatoria dice “TODA PERSONA” dando un espectro muy amplio con relación a las personas que pueden ser testigos en el proceso penal.
A la inquietud de la Comisión de reforma con relación a la no existencia de la figura del Testigo Experto en el Código Procesal Penal hay que decir que en doctrina se estudia varias categorías de testigos. No porque el código procesal penal no los nombre concretamente se pudiera concluir que no están previstos y por tal razón les será vedada o excluida la prueba testimonial de una persona con una experticia específica que se útil para el descubrimiento de la verdad.
El testigo directo, indirecto, o el de oídas son testigos que a pesar de que el Código Procesal Penal no los nombre, no quiere decir que no los reconoce, al contrario debe entenderse con un criterio extensivo y lo propio ocurre con el TESTIGO EXPERTO.
No sería razonable decir que el dolo directo, indirecto y eventual no están previsto en el Código Penal porque en dicho cuerpo legal solamente se habla de dolo.
Por lo que se puede afirmar que no es necesario introducir la figura del testigo experto porque siempre estuvo presente en nuestro Código Procesal Penal junto con las otras categorías de testigos. No se puede interpretar el Código Procesal Penal ni el Código Penal obviado la lógica, la dogmática y la doctrina en materia penal y procesal penal.
TESTIGO, TESTIGO EXPERTO Y PERITO.
Otra de las preocupaciones de la Comisión de reforma es el riesgo de la utilización de un testigo experto como perito, y que el mismo dé conclusiones, actuando como perito. Asimismo, le preocupó, especialmente a los representantes del Ministerio Público, el inconveniente que supuestamente se presenta para el Tribunal por la cantidad de informes que generaría dar la oportunidad que cada parte presente un informe técnico.
Para mi parecer con la modificación que introdujo la Comisión al Art. 228 del C.P.P. se va a conseguir un efecto contrario al deseado por ellos, ya que le están exigiendo a un Testigo, el Experto en este caso, similares requisitos que los exigidos a un Perito.
Con relación a la preocupación del Ministerio Público por la cantidad de informes, me parece más que una debilidad una fortaleza para el Tribunal de Sentencia tener profuso material para aclarar sus dudas. En este mismo sentido también se ha pronunciado el representante del Poder Ejecutivo.
A continuación voy a explicar los porqués de mis dichos.
Para una mejor comprensión sería conveniente señalar las diferencias entre testigo, testigo experto y el perito.
Testigo:
“Reviste la calidad de testigo toda persona física que en carácter de tercero declara en juicio sobre hechos controvertidos, que han caído bajo sus sentidos y a cuyas consecuencias no se encuentra vinculado” (Diccionario Derecho Procesal de Víctor de Santo)
Perito:
“En términos generales, los peritos son personas que cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento, derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Lo que distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado al juicio para declarar algo en lo que su experticia es requerida, y que le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de dicha materia” (Litigación Penal Bayteman y Duce)
Como señala Neyra Flores, «[l]a pericia es un medio de prueba a través de la cual se busca información fundada, basándose en conocimientos especiales, ya sean científicos, artísticos o técnicos (medicina, contabilidad, balística, etc.), útiles para la valoración de un elemento de prueba.” (NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral, Lima, Idemsa, 2010, p. 895).

Así, «[e]l perito es un tercero ajeno al proceso que es llamado al mismo para que aporte una declaración de ciencia, que no de conocimiento, sobre los hechos – los cuales no ha conocido directamente por no ser testigo-, acerca de materias propias de su oficio, arte o profesión. (ASCENCIO MELLADO, José María. Derecho procesal penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 151)

Testigo experto:

“ En cambio, «[u]n testigo experto es un testigo que, por el azar u otra circunstancia no prevista, tiene un conocimiento especializado en una determinada materia que lo habilita en el área específica de su experticia para emitir opiniones o conclusiones en el juicio que serían inadmisibles tratándose de un testigo normal. En todo caso se trata de un testigo, es decir, alguien que presenció -o puede declarar sobre- hechos relevantes para el caso, pero que además está dotado de un cierto conocimiento o experiencia que lo habilita para dar opiniones o conclusiones que también son relevantes para el caso, no obstante no haber hecho un peritaje». (BAYTELMAN, Andrés y Maurice Duce, Manual de litigación en juicios orales, Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas de Interamericano de Formación de Capacitadores para la reforma procesal penal, 2004, p. 151. Recuperado de http://bit.ly/26d9wBP

Los Testigos Expertos son sujetos procesales diferentes a los Peritos porque están relacionados directa o indirectamente con el proceso penal por los hechos relevantes que han percibido a través de sus sentidos, no siendo el mismo el caso el de los Peritos que son terceros extraños al proceso y que son llamados como auxiliares de justicia para ayudar a los demás sujetos procesales, especialmente al Tribunal de Sentencia, a comprender hechos relacionados con una ciencia, arte u oficio que escapa al conocimiento de los sujetos procesales indispensables que participan en un juicio oral y público.

Otra cuestión no menos importante, es que los testigos expertos no necesitan estar habilitados por la Corte Suprema de Justicia o tener un título habilitante que acredite su calidad o categoría. Siendo diferente el caso de los Peritos que si necesitan el reconocimiento de la Corte y tener un título habilitante.

Un caso con relación a un testigo experto que no necesita título que acredite su experticia es el ejemplo dado en el libro de Litigación Penal Bayteman y Duce, el cual nos cuenta cuanto sigue:
“La presencia de esta situación (testigos que exhiben cierta experticia, aun cuando no son
Peritos) no es en absoluto excepcional. En la práctica es posible constatar innumerables versiones de esta situación. Un caso típico se produce con la declaración de policías. Los policías normalmente comparecen a juicio como testigos, no obstante lo cual es muy común que respecto de ellos estemos en condiciones de preguntar ciertas opiniones o conclusiones que no serían admisibles con cualquier testigo (por ejemplo, conocimiento sobre tipo de armas, marcas, calibres de las mismas, entre otras, o experiencias en modus operandi en la comisión de ciertos tipos de delitos). No se trata de que el policía, por el solo hecho de serlo, pueda declarar cualquier tema criminalístico, sino que, solo en la medida en que disponga de ese conocimiento y podamos acreditarlo en el juicio, se nos permitirá formularle preguntas por opiniones y conclusiones en dichas áreas que serían objetables sin ese conocimiento especial”.

Es por estas razones afirmo que el proyecto de la Comisión de Reforma va de contramano con el principio de la libertad probatoria que convierte la figura del testigo experto en una prueba tasada y lo equipara a la figura del Perito, restringiendo innecesariamente la intervención de los testigos expertos en el proceso penal, lo que conspira contra el objetivo del proceso penal de construir una verdad histórica (ficción legal) que más se acerque a la verdad real.

Ahora bien, con relación a las primeras intervenciones del Ministerio Público, inmediatamente posterior a la recepción de la noticia críminis por cualquier medio, en que se recojan evidencias que implica el control probatorio de la defensa técnica, garantía Constitucional del debido proceso. Es de suyo que para mantener la validez de la prueba se dé la oportunidad a la defensa técnica de presentar su experto para participar en el control de la prueba. Esto también en el caso de la asistencia a víctimas, ya que con la participación de otro profesional en materia requerida no se da en absoluto una re victimización y mantiene la igualdad procesal. El plazo con relación a la oportunidad de participación de la defensa técnica para el control probatorio debe ser razonable.

Aquí es donde se da la dualidad del experto quien es testigo también, lo cual lo señaló la representante del Ministerio Público en la Comisión de reforma.

La representante del Ministerio Público refirió que suelen ser muy ricos los informes técnicos presentados por estos expertos, contienen información relevante. Esto con relación a los funcionarios dependientes de la fiscalía, Asistencia a Víctimas u otras dependencias técnicas.
Sin embargo preocupa a la Comisión la introducción irregular de estos informes al juicio por su lectura, no dando la oportunidad a la defensa técnica de controvertir la misma. Ya que los funcionarios técnicos comparecen ante el Tribunal de Sentencia a deponer en forma oral y no se le permite leer su informe técnico.

Al respecto la solución a este problema no es generalizar la exigencia de presentación de un informe técnico, ni de imponer a todos los testigos expertos las mismas exigencias que a los peritos, porque ya vimos que no todos los testigos expertos presentan las mismas características.

Me parece prudente agregar un párrafo al Art. 213 C.P.P. Formas de la declaración que podría ser el siguiente:

En caso de que el testigo haya tomado conocimiento del hecho punible objeto del proceso penal, debido a su intervención como técnico al servicio de cualquiera de las partes, y que para dicho efecto fuera necesario elaborar un informe técnico, deberá declarar con ayuda de dicho documento, el cual será introducido al juicio oral y público, con la lectura integra del mismo por la secretaría, antes de que el testigo inicie su declaración.

Con la introducción de este párrafo damos la posibilidad de introducir el informe técnico, asimismo se da la oportunidad de controvertir dicho informe y no vedamos la participación de otros testigos expertos, quienes por la naturaleza de su aporte no tengan que elaborar informes técnicos. Como el ejemplo de los policías con conocimiento empíricos y otros.

Aquí quiero, someramente, señalar que es muy cuestionable la situación de ciertos técnicos forenses que se encuentran bajo dependencia laboral del Ministerio Público o del Poder Judicial, como los psicólogos, psiquiatras, médicos forenses etc. Sobre quienes se cierne un manto de duda con relación a su imparcialidad, por la situación de dependencia laboral mencionada.

No pocas veces tenemos noticias de supuestas presiones a estos funcionarios para que elaboren sus informes técnicos contestes o amigables con la teoría del caso del Ministerio Público. Lo cual resulta un problema en los casos de abuso sexual, violencia familiar, especialmente cuando hay orfandad probatoria.

Para evitar suspicacias y posibles anulaciones de estas pruebas es necesario que dichos funcionarios pasen a depender laboralmente del Ministerio de Salud y sus lugares de trabajo sean trasladados a dependencias de dicha cartera de Estado. Con lo que se va a conseguir más libertad para los funcionarios a la hora de ejercer su ciencia según su leal saber y entender.

Otra cuestión que me pareció una aberración en la reforma del Art. 228 del C.P.P. es donde la comisión dice que:” Procederá el informe técnico bajo la dirección del Ministerio Público………”

Hasta la etapa intermedia el único director del proceso es el Juez de Garantías y luego en la etapa del juicio oral y público lo es el Tribunal de Sentencia.

El representante del Poder Ejecutivo con mucho tino advirtió que como está redactado el artículo es inconstitucional y mocionó para que se incluya que en caso de negativa del Ministerio Público, con relación al informe técnico, que el solicitante lo pueda solicitar al Juez de Garantías.

Yo creo que se debería quitar cualquier limitación a la defensa técnica en ese sentido.

Esta situación es bastantes argel como se dice en buen paraguayo, le quieren obligar a la defensa técnica a pedirle permiso y por favor a su contra parte que es el Ministerio Público para que le permita diligenciar una prueba para fortalecer su teoría del caso. Es una violación grosera del derecho a la defensa y más sabiendo que en la práctica el Ministerio Público no sujeta sus actuaciones a un criterio objetivo como lo manda la ley, buscando la pruebas de cargo y descargo con relación al imputado.

Es más, yo me esperaba de la Comisión, con relación a la facultad del Juez y del Ministerio Público para hacer pedidos de informes a cualquier persona o entidad pública o privada, lo amplíe con relación a la defensa técnica, por igualdad procesal, para que la misma tenga la facultad de solicitar por sí dichos informes, invocando su participación en un proceso penal, bajo su responsabilidad personal en caso de no haberlo hecho dentro del ejercicio de su profesión en las condiciones mencionadas; y en caso de negativa del requerido, allí tener expedita la vía procesal para solicitar el auxilio al Juez de Garantías para que a través de su jurisdicción y competencia, orden judicial mediante solicite el informe, pero ya bajo apercibimiento.

Siendo esa la única modificación que yo introduciría en el Art. 228 del Código Procesal Penal.

Una cuestión que es muy importante tener presente para hacer una reforma es no vulnerar los principios fundamentales, en ese sentido he visto que no en pocas ocasiones el representante del Poder Ejecutivo lo viene advirtiendo en sus intervenciones, lo cual me parece muy oportuno y acertado.