Crónica de una sentencia anunciada: último día del juicio oral y público de Camilo Soares Y Alfredo Guachiré

- por abogado Omar Nayar

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Abog. Omar Nayar
Abog. Omar Nayar

El Estado Paraguayo, el pueblo, al pagar sus impuestos, ha invertido cientos de millones de dólares en infraestructura y en capital humano con el objetivo de construir seguridad jurídica en nuestro País. En ese sentido tengo que decir que hemos evolucionado al abandonar el sistema penal inquisitivo y adscribirnos al Sistema Penal Acusatorio.

Toda esa inversión del dinero de los contribuyentes en el mencionado sistema acusatorio se va ir a parar a la basura, si no es acompañado de honestidad, independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo por parte de los funcionarios públicos principalmente, quienes son los operadores del proceso penal y sobre cuyas espaldas pesan mucha más responsabilidad por la posición de garante que tienen para velar por el cumplimiento de las leyes y la carga propia de actuar en nombre del Estado y de la sociedad.

El debido proceso no es una historia o una novela que se realiza o cumple con una simple puesta en escena, donde asignamos a unos actores y actrices roles para aparentar que se cumplen con los requisitos de igualdad Procesal y de la inviolabilidad de la defensa. No se cumple con el debido proceso transitando por un camino vacío de contenido; cuando cada sujeto procesal transita el camino marcado por el derecho adjetivo, abstraído de realidades objetivas legales y fácticas.

La falta de publicidad de los juicios orales, da un marco propicio para que en el montaje o teatralización mencionados, se cometan vulneraciones a las garantías del debido proceso, porque es allí, en el Juicio Oral y Público, donde se concentra todo lo actuado en el proceso y sale a la luz el buen o mal trabajo realizado por los sujetos procesales indispensables.

A través de los medios de prensa tradicionales se hace muy difícil entender la realidad de los procesos penales, ya que no profundizan, se limitan a informar cuantitativamente las imputaciones, acusaciones, condenas y sobre abundan en mono temas, como las famosas supuestas chicanearías, adornando todo esto con mucho desconocimiento técnico. Y si a esto le agregamos la influencia de la política partidaria y de grupos económicos en los medios tradicionales de comunicación, se forma un cóctel mortal que produce información defectuosa, la cual no resulta útil para visualizar los verdaderos problemas y encontrar las soluciones adecuadas.

Sin embargo, se avizora una luz al final del túnel, gracias a que la Corte Suprema de Justicia, ha implementado la transmisión en vivo y en directo, a través de su canal en las redes sociales, de algunos juicios orales importantes. Gracias a esto pudimos ser testigos de la actuación de los sujetos procesales en el juicio Oral y Público impulsado por el Ministerio Público contra Camilo Soares y Alfredo Guachire por el hecho punible de Lesión de Confianza.

Cuando se trata de casos o procesos judiciales que ponen a prueba al sistema de justicia, especialmente, en un caso donde están involucrados políticos o la política partidaria, y, en forma particular, en el presente caso, en que uno de los procesados, en varias oportunidades, antes y durante el juicio oral, denunció, con nombre y apellido, a adversarios políticos, funcionarios públicos y algunos medios de prensa, quienes, supuestamente, están involucrados en una persecución política contra su persona.

La justicia tiene que ser lo más clara posible, abordando todas las cuestiones planteadas por las partes en el proceso, con argumentos y razones, del porqué si o del porqué no acepta o rechazada la teoría del caso de cada parte, y, especialmente, referirse a todos los elementos probatorios propuestos por las partes, sin dejar de mencionar alguno. El Tribunal tiene que dar sus razones, haciendo una valoración expresa y real sobre la conducencia o no de las pruebas aportadas por cada parte.

Un Tribunal no tiene que limitarse a decir que circunstancias tiene por probadas, además de ello, debe, siendo esto lo más útil y trascendental del mencionado ejercicio, decir como esas circunstancias o hechos probados rompen el estado de inocencia de los acusados.

Al respecto El Prof. Dr. Manuel Atienza dice que:” LA ARGUMENTACIÓN, COMIENZA CON EL PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA Y TERMINA CON UNA SOLUCIÓN.” Sigue diciendo: “CUANDO SE TRATA DE UNA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL, LO QUE SE TOMA EN CONSIDERACIÓN NO ES LA ACTIVIDAD EN CUANTO TAL, SINO EL RESULTADO DE LA MISMA: LA ARGUMENTACIÓN PLASMADA EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA”

Luego de este introito, paso a describir lo que me llamó la atención sobre la actuación del Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público mencionado, específicamente, con relación al último día del Juicio Oral, ocasión en que el Tribunal explicó su sentencia.

EXPLICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SOBRE LA SENTENCIA CONDENATORIA.

El Presidente del Tribunal Inicia refiriéndose a la acusación del Ministerio Público contra Camilo Ernesto Soares Machado y Alfredo Guachire Medina sobre la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Divide su exposición en dos partes, el relato de hechos 1 y el relató de hechos 2. Además dijo que comparecieron 11 testigos a deponer ante el Tribunal de Sentencia.

EXPLICACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE RELATOS DE HECHOS 2

El Presidente del Tribunal, advirtió, antes de proseguir, que primero se referirá al relato de hechos 2, ocurrido entre las fechas 25 de mayo y 16 de diciembre del año 2009. Compra de panificados.

El Tribunal afirma que Alfredo Guachire y ANA GONZLAEZ tuvieron el dominio del hecho por ser nombrados interventores de la UOC por resolución de la SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL (SEM).

Inmediata y seguidamente, el Tribunal, después de haber afirmado que los dos tenían dominio del hecho, manifiesta que surgió una duda en ellos, en el Tribunal, en cuanto a la ayuda, porque no se ha podido determinar la forma de la ayuda, «no tenemos certeza del procedimiento que se ha realizado para la adquisición de panificados, por lo cual este Tribunal», dice el Presidente, «no encuentra elementos de mérito que pueda violentar el derecho a la defensa. Razón por la cual son absueltos en base al principio de la duda».

CRÍTICA.

Como primera medida hay que señalar que si no se encontraron elementos de mérito eso tiene que ver con el estado de inocencia y no con el derecho a la defensa. Para precisar, es menester aclarar que el Presidente del Tribunal quiso decir que no se rompió el estado de inocencia o de presunción de inocencia de los acusados.

En segundo término, si se está afirmando que no hay pruebas, que ni siquiera puede determinarse la forma de la ayuda, entonces no hay dudas, sino certeza de la no existencia del hecho y al no poder tan siquiera determinar el hecho, no hay conducta que subsumir al modelo descrito en el tipo legal. Y nos preguntamos: ¿Qué pasó de ANA GONAZLEZ, como dominadora del hecho, no fue imputada, no fue acusada?

EXPLICACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE RELATO DE HECHOS 1

A continuación el Presidente del Tribunal, se refiere al relato de hechos 1. Acaecidos entre el 21 y 24 de diciembre del año 2009 y los compara con hechos acaecidos en fecha 17 de diciembre del año 2009. (En las mencionadas fechas se compraron productos no perecederos para la SEN).

El Presidente del Tribunal manifiesta que la SEN en las mencionadas fechas se encontraba a cargo del Señor Camilo Ernesto Soares.

Que por Resolución Nro. 258/09, Camilo Soares, decidió designar a Alfredo Guachiré como Director de la UOC, dependiente del Secretario Ejecutivo de la SEN, en fecha 23 de septiembre de 2009. También el Presidente lee parte del considerando de dicha resolución donde señala que la misma refiere sobre la importancia de sujetarse a la ley de contrataciones públicas, Ley Nro 2051/03.

Sigue manifestando el Presidente que en la fecha de dicha resolución el Tribunal tiene por probado que Alfredo Guachiré era el Director de la UOC de la SEN.

A continuación menciona la Resolución SEN Nro. 310, donde dice nuevamente que el Tribunal tiene por probado que Alfredo Guachiré era director de la UOC de la SEN y que además consta el envío por parte de él de un memorándum con un proyecto de un manual de procedimientos para uso de recursos del Fondo de Emergencia Nacional, donde en una parte del mismo establece que la SEN podía llevar a cabo la contratación de bienes y servicios del Fondo de Emergencia Nacional (FONE), sin sujetarse a la ley Nro. 2051/03, que reglamenta las contrataciones públicas.

En esta parte el Presidente del Tribunal señala que existe una contradicción entre la resolución Nro. 258/09 con la resolución Nro. 310, con relación a la necesidad de sujetarse los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios a los dictados de la Ley de Contrataciones Públicas, Ley Nro. 2051/03 y a su ley modificatoria.

Luego el Presidente del Tribunal dice que la Ley Nro. 2051 es importante porque es la ley que reglamenta las contrataciones públicas.

Seguidamente el Tribunal cuestiona a la defensa el pretender justificar dicha contradicción con la aplicación del Art. 22 de la Ley 2615, apuntando que se debió aplicar el Art. 33 inciso b) de la ley 2051/ 03, de conformidad con el Art. 128.

Y cerró esa parte de su explicación con una frase repetida por el Presidente del tribunal en varios pasajes de su relato que es la siguiente: «El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos».

CRÍTICA.

Hasta aquí todavía el Tribunal no nos sabe decir cómo, los hechos que tiene por probados y la supuesta contradicción señalada entre las dos resoluciones mencionadas, conectan o conducen a determinar, con certeza, la autoría de los acusados en la comisión del hecho punible de lesión de confianza que se les atribuye.

No puedo dejar de señalar que tanto el Tribunal de Sentencia como el Ministerio Público, durante el desarrollo del juicio oral, mostraron una evidente ignorancia con relación a la Ley de Contrataciones Públicas y los procedimientos de contratación; se notó lo propio con relación a la Ley que crea la Secretaría de Emergencia Nacional. Pero lo más insólito del caso es que los acusados y el perito propuesto por la defensa técnica, invirtieron mucho tiempo en sus respectivas declaraciones fungiendo de una especie de capacitadores, tanto para el Tribunal de Sentencia, como para el Ministerio Público.

Con relación a las cuestiones fácticas, los hechos tenidos por probados hasta aquí por el Tribunal de Sentencia y tomados como base para su argumentación, es oportuno decir que resultan irrelevantes, inconducentes e inconexos para unirlos con la comisión efectiva del hecho punible que se les atribuye a los acusados.

Es así que al decir el Tribunal de Sentencia que Camilo Soares era el titular de la SEN en las fechas en que ocurrieron los hechos investigados, no aporta mucho para romper el estado de inocencia del acusado. Ser nombrado para ocupar un cargo público no configura en sí un hecho punible, ni implica responsabilidad penal en la comisión de otro hecho punible concreto. En análoga situación se encuentra la probanza por la cual el Tribunal de Sentencia tiene que Alfredo Guachiré era director de la UOC en el periodo durante el cual supuestamente ocurrió la lesión de confianza.

Otra cuestión señalada por el Tribunal de Sentencia es la existencia de una contradicción entre la Resolución Nro. 258/09 y la Resolución Nro. 310, donde, en la primera, el Señor Camilo Soares, ordena que los procesos de contrataciones públicas se sujeten a la Ley de Contrataciones Públicas, y en la segunda, aprueba un manual de procedimientos en el cual se dispone que para la compra de bienes y contratación de servicios realizados con recursos del FONE, se lleven adelante sin estar sujetas a la Ley de Contrataciones Públicas. Y con relación a Alfredo Guachiré señala que éste envío un memorándum donde recomendaba la implementación del mencionado manual y eso constituía una ayuda para la comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Ante esta supuesta contradicción que tiene por “probada el tribunal” hay que decir que al existir una contradicción entre dos normas, tampoco esa situación constituye un delito en sí mismo y mucho menos una prueba que conecte con la comisión de otro hecho punible. Esto es claro suponiendo que exista la contradicción entre las normas citadas.

La contrariedad o la contradicción entre normas la encontramos hasta en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Civil etc… A este fenómeno jurídico se lo denomina antinomia jurídica, y se trata de la legal incongruencia o contradicción real o aparente de normas con la coherencia del sistema jurídico positivo, que se presenta cuando existe una contradicción en el sentido de dos normas contenidas en leyes o disposiciones de diferente o igual jerarquía, y, por ello, no podemos decir que los legisladores han perpetrado un delito, cuando en el ejercicio de su función sancionen leyes cuyas normas produzcan antinomias jurídicas con relación a normas de otras leyes como las rango constitucional por ejemplo. Traigo a colación esto, atendiendo a que el Tribunal de Sentencia habla de contradicción entre normas de la Ley de Contrataciones Públicas y dos resoluciones de la SEN y de éstas entre sí.

Aquí hay que hacer algunas aclaraciones para ordenar y ajustar las ideas a realidades normativas insoslayables para una correcta contextualización y adecuada valoración de los hechos. No se deben marginar datos objetivos, porque, de lo contrario, eso nos puede llevar, inexorablemente, a construir razonamientos lógicos en base a premisas falsas que necesariamente terminarán en resultados o conclusiones falsas.

Entonces tenemos que la Secretaría de Emergencia Nacional tiene tres fuentes de financiamiento para su funcionamiento institucional, el Presupuesto General de la Nación, los previstos en los programas correspondientes de los ministerios que deben realizar una asistencia específica en casos de emergencia y los que fueren proveídos por el Fondo Nacional de Emergencia (FONE), esto es así de conformidad a lo establecido en los Artículos 5 y 6 de la Ley Nº 2615/05, que crea la Secretaría de Emergencia Nacional.

En el Art. 6 inciso b1 de la mencionada ley que crea el Fondo Nacional de Emergencia. Dicho fondo funciona como cuenta especial y se divide en dos partes para su utilización, un 50 % va destinado a proyectos (entiéndase este en su funcionalidad no como de respuesta inmediata sino a una planificación relativa una aplicación en el tiempo, a mediano y largo plazo, que pudiera ser infraestructura edilicia, la construcción de depósitos en puntos estratégicos por ejemplo.

La otra parte de los recursos del Fondo de Emergencia, el otro 50%, puede ser utilizado en forma inmediata para preparaciones y dar respuesta a emergencias.

Y de esa manera el Art. 6 inciso b1 establece:” El “Fondo Nacional de Emergencia” deberá funcionar como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística. Los recursos sobrantes, que no sean del Tesoro, de un ejercicio fenecido se incorporarán a dicho fondo, debiendo destinarse el 50% (cincuenta por ciento) de dichos recursos a financiar proyectos de prevención y/o mitigación de desastres, como recurso adicional en el nuevo Presupuesto, en el Rubro de Inversiones (Preparación de Proyectos y/o Financiamiento de Inversiones), debiendo destinarse el 50% (cincuenta por ciento) restante para medidas de preparación y respuesta. Si el recurso presupuestado en inversiones no es utilizado en el año fiscal, volverá a la cuenta de Rentas Generales de la Nación”.

Con relación a la administración y facultad de disposición de recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencia (FONE), el Art. 6 inciso b)1 de la Ley 2615, establece: “La administración del Fondo Nacional de Emergencia estará a cargo de la S.E.N., cuyo Secretario Ejecutivo será el ordenador de gastos y, en su ausencia el Secretario Adjunto. Los mismos tendrán autoridad para ordenar gastos con cargo al Fondo, previo cumplimiento de los requisitos que se mencionan en el apartado que corresponde”.

Aquí podemos ver que la ley le faculta al Secretario Ejecutivo, en este caso al Señor Camilo Soares, a ordenar gastos con recursos provenientes del FONE.

Seguidamente veremos en qué condiciones pude hacerlo y encontramos la respuesta en lo preceptuado en el artículo 28, el cual establece: “Los recursos del Fondo Nacional de Emergencia se aplicarán al financiamiento oportuno de acciones puntuales orientadas a la prevención y mitigación de sucesos capaces de producir desastres y a la preparación, respuesta y rehabilitación de comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre, previo cumplimiento de los requisitos especificados a continuación:

b) para el financiamiento de acciones orientadas a la preparación, respuesta y rehabilitación de comunidades afectadas por emergencia o desastre, la aplicación de recursos, podrá realizarse en los siguientes casos:

1. En caso de Declaración de Situación de Emergencia o Desastre con arreglo a lo que se establece en la presente Ley, el Secretario Ejecutivo de la S.E.N. o en su ausencia el Secretario Adjunto, podrá autorizar la aplicación de los recursos del Fondo, para el financiamiento de las acciones de respuesta y rehabilitación que correspondan de acuerdo a los planes y programas de contingencia implementados a través de la Secretaría General de la S.E.N., con cargo de rendir cuenta documentada al Consejo de la S.E.N.”

Asimismo el artículo 22 del mismo cuerpo legal reza: ”Mientras exista una Situación de Emergencia o Desastre, declarada con arreglo a esta Ley, la S.E.N. podrá contratar la adquisición por vía administrativa directa, de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las acciones de emergencia necesarias. Con el fin de inyectar recursos en la zona de emergencia o desastre, en las adquisiciones se dará preferencia a los productos locales. Las gobernaciones y municipios que se encuentran en la jurisdicción declarada en Situación de Emergencia o Desastre podrán hacer uso de esta facultad, previa definición de las necesidades con la S.E.N”.

En consonancia con estas normativas la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Capítulo 4to., Art. 33 habla sobre las excepciones a las licitaciones, las cual transcribo seguidamente:

“Las Convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, SIN SUJETARSE A LOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA O A LOS DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS, EN LOS SUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

b) por desastres producidos por fenómenos naturales que peligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país;”

Realizando un análisis de las normas mencionadas vemos que contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Sentencia, el tan mentado y satanizado manual de procedimiento, propuesto por el Señor Alfredo Guachiré, no hace más que adecuarse a las disposiciones de las normas mencionadas, tanto a la ley Nro. 2615, como la 2051 de contrataciones públicas, tomando en cuenta que el Art. 22 de la ley 2615 facultaba al ordenador de gastos a realizar compras directas y el Art. 33 de la ley de contrataciones públicas facultaban a la convocante a llevar a cabo procedimientos de contrataciones SIN SUJETARSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O A LOS DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS EN CASO DE DESASTRES PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES.

Por lo expuesto, podemos visualizar con meridiana claridad que no existe la contradicción afirmada por el Tribunal de Sentencia entre la Resolución Nro. 258/09 y la Resolución Nro. 310, como tampoco existe contradicción de éstas con la ley 2615/05, ni con la de Ley 2051/03 de Contrataciones Pública.

Ahora bien, vamos a un planteamiento hipotético, del cual estuvo plagado este juicio oral. Supongamos que realmente hay contradicción entre las normas aludidas por el Tribunal y que los acusados, efectivamente, cometieron una falta administrativa. Al presentarse esa situación no cambia nada, no es una prueba con entidad de romper con el estado de inocencia, ni siquiera nos da cuenta de la existencia del hecho, no conecta en absoluto a los acusados con el hecho punible por el cual se los acusa, ni siquiera prueba la existencia de la conducta que pretenden subsumir al tipo legal.

Hagamos un ejercicio siguiendo el razonamiento del Tribunal de Sentencia y vamos al siguiente ejemplo:

La ocurrencia de un homicidio culposo como consecuencia de la colisión de un automóvil contra la humanidad de una persona que se trasladaba en moto, acaecida en la intersección de dos calles, donde estaba colocado un semáforo que no funcionaba. El Tribunal de Sentencia, uno muy parecido al del juicio oral que estoy analizando, pero que actúa en este caso hipotético, dice: Que tiene probado que el día en que ocurrió el homicidio culposo JUAN LÓPEZ era el Director de Tránsito del Municipio y es el responsable del homicidio culposo, por ser él la persona quien detentaba dicho cargo, al tiempo de la ocurrencia del homicidio culposo; y porque demás en el día y la hora del hecho, el Señor Director de tránsito, transitaba como peatón en inmediaciones al lugar del hecho, y a 50 metros del lugar. de donde ocurrió el homicidio culposo, el Señor Director, cruzó en forma indebida la calle donde no había franja peatonal, cometiendo él una falta administrativa, por lo que en conclusión el Señor Director es autor del delito.

¿Qué tiene que ver la titularidad del cargo y la falta administrativa con el homicidio culposo? ¿De qué manera esos “hechos probados” demuestran que el Señor Director de Tránsito es el autor del hecho punible de homicidio culposo?

Antes de continuar hay que realizar algunas advertencias con relación a la cuestión probatoria en el proceso penal.

En el proceso penal la carga de la prueba está sobre las espaldas del Ministerio Público, como titular de la acción penal pública y en función a la presunción de inocencia de los acusados.

Esto quiere decir que no son los acusados ni sus abogados de la defensa técnica los que tienen que demostrar la inocencia de los mismos. Es el Ministerio Público el que tiene que demostrar la culpabilidad de los acusados y no son los acusados, ni sus respectivas defensas técnicas, los que tienen que probar que los acusados hicieron o de dejaron de realizar tal o cual conducta concreta.

ORFANDAD DE PRUEBAS, el Ministerio Público no consiguió presentar pruebas que rompan con el Estado de inocencia de los acusados.

El Tribunal de Sentencia, ante la deficiencia probatoria, intentó crear algunas pruebas, ya que se tomó atribuciones de fiscal, rompiendo con el sistema acusatorio y regresando al sistema inquisitivo, donde el Juez investiga, acusa y juzga, y para tratar de salvar el bochorno en el que se transformó el juicio oral, se tomó atribuciones y facultades que no le corresponden. Se erigió en Juez Instructor de Sumarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en un juicio oral y público, en la jurisdicción penal, teniendo sólo competencia en el fuero penal, no así en el fuero puramente administrativo, extra penal, a lo que el Código Procesal penal le da el nombre de prejudicialidad.

Pero hay que ser justos y señalar también que en esto tiene mucha responsabilidad el Juzgado Penal de Garantías,  órgano jurisdiccional que tiene que ser el filtro donde se tienen que detectar estas falencias en la acusación fiscal y no cumplir la función de meros pasa papeles, que para cumplir con dicha función tan intrascendente, le cuesta una fortuna a la ciudadanía el pago de sus millonarios salarios.

LA PREJUIDICIALIDAD NO ES UNA CUESTIÓN MENOR EN EL PROCESO PENAL.

El Art. 327 del Código Procesal Penal en su parte pertinente reza: “La cuestión prejudicial procederá cuando sea necesario determinar por un procedimiento extra penal la existencia de uno de los elementos constitutivos del hecho punible………………El juez tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente, y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento penal hasta que en el otro procedimiento recaiga resolución firme………..”

¿Cuáles son las justificaciones para la existencia de la figura jurídica de la prejudicialidad?

La Corte Suprema de Justicia elaboró un texto sobre la figura jurídica de la prejudicialidad con el Título: “LA PREJUDICIALIDAD ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO PENAL” y en él menciona las siguientes justificaciones:

JUSTIFICACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD POR RAZONES DE COMPETENCIA

“LA CUAL ES OTORGADA POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Esta justificación tiene su fundamento en el hecho de que solamente el órgano administrador tributaria posee competencia para efectuar la determinación de la obligación tributaria, su cumplimiento o incumplimiento. La Constitución Nacional en sus artículos 3º y 240 otorga esa competencia.”

JUSTIFICACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD POR RAZONES DE ESPECIFICIDAD DE LA MATERIA

“En este sentido, y como he expuesto en este trabajo, el juez penal no tiene conocimiento de los aspectos específicos de la materia………………”, cuya relación es sumamente compleja.”…….” cuenta con principios e instituciones propias y diferentes al derecho penal, por lo cual resultaría sumamente difícil a los jueces penales comprender los aspectos ………….de los hechos punibles sometidos a su juzgamiento, puesto que los mismos, no solamente deberán conocer los principios propios del derecho penal, como ser la «Teoría del Delito» sino además, deberán comprender el alcance de cada uno de los elementos integrantes de la relación jurídico tributaria”

Esta misma justificación se aplica en materia de Contrataciones Públicas, ya que tiene sus principios e instituciones propias, los cuales el Tribunal de Sentencia demostró desconocer durante el desarrollo del juicio oral, porque como habíamos dicho, los acusados y el perito propuesto por la defensa perdieron gran parte de su tiempo de declaración en oficiar de una especie de docentes en materia de Contrataciones Públicas, debido a las preguntas del Tribunal de Sentencia que no tenía ni idea con relación a la teoría y mucho menos a la práctica en materia de Contrataciones Públicas.

JUSTIFICACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD COMO FORMA DE EVITAR RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS.

“El requisito de prejudicialidad administrativa, constituye una de las formas de evitar que se produzcan resoluciones contradictorias en sede penal y administrativa.”

JUSTIFICACIONES DE LA PREJUDICIALIDAD COMO GARANTÍA Y FORMA DE ASEGURAR EL DEBIDO PROCESO.

“Igualmente, el principio constitucional del debido proceso, también exige una resolución de carácter firme en sede administrativa o contenciosa administrativa, y no su tratamiento en forma independiente o paralela a un proceso penal……………….” “Al respecto, el Dr. Sindulfo Blanco expresa: “La determinación de la existencia de uno o varios de los elementos precitados salvo raras excepciones no corresponde al fuero penal ordinario sino al fuero administrativo, instancia donde deberán ser previamente verificados y confirmados, en cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso legal contenida en el primer párrafo del artículo 16 (“la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable”). En el artículo 17 y 18 se asegura al justiciable que, incluso en el proceso administrativo, tienen los mismos derechos procesales consagrados en el ámbito judicial. Es obvio que el trámite administrativo previo – sin descontar otros procesos de carácter judicial e incluso de orden legislativo – es el único apropiado, desde el punto de vista legal, para expedirse sobre hechos y derechos en tensión entre las partes, además de ser dicho proceso previo una etapa insoslayable para los involucrados por expreso mandato legal, bajo pena que: de hacerlo, sean declarados nulos, ineficaces o sin valor jurídico, incluida la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad del fallo que hubiere omitido toda esta etapa previa, de conocimiento y decisión sobre algunas cuestiones reservadas exclusivamente por la ley al órgano administrativo”…………………………………………”, que contemplan normas procesales habilitadas para investigar y descubrir primariamente esos “elementos” a los que alude el art. 327 del Código de Procedimientos Penales; como ser indicios vehementes de reproche legal debidamente establecidos en resoluciones firmes y ejecutoriadas.”

El Presidente del Tribunal de Sentencia a lo largo de su exposición afirmó que Camilo Soares y Alfredo Guachiré conculcaron normas de cumplimiento obligatorio en la Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo, con lo expuesto, se puede ver con claridad como el Tribunal de Sentencia no puede arrogarse facultades con relación a la competencia que corresponde a otros órganos juzgadores que son parte de otro poder del Estado, vulnerando gravemente normas de rango Constitucional.

En ese sentido la ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas es muy clara, ya que en su Título Octavo, Mecanismo de Impugnación y solución de diferendos, Capítulo Primero, Protestas, indica el procedimiento y la autoridad competente para determinar si existió o no una vulneración de las normas de la ley de contrataciones públicas.

Por esta razón es que el Tribunal de Sentencia mal pude hacerse con la suma del poder público y en un juicio oral, sin tener facultades para ello, decidir si los acusados cumplieron o no con la normas establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.

Resulta muy claro que no se agotó la etapa administrativa con relación a los acusados para determinar si incurrieron en una falta administrativa y la ley de contrataciones públicas establece un plazo para hacerlo, dicho plazo hace años expiró y además requiere de una protesta de alguno de los participantes en las licitaciones, o, inclusive, la normativa prevé que un tercero que haya tomado conocimiento de irregularidades ocurridas en un proceso licitatorio solicite el inicio de las investigaciones legales correspondientes.

Por cosas como estas, es que afirmo que el Ministerio Público llegó sin armas a la guerra, presentando una acusación desprovista de sustento probatorio, muy incapaz de siquiera sostener una imputación razonable.

Ahora, creo que el lector está en condiciones de avanzar a la segunda parte de la explicación de la sentencia condenatoria realizada por el Presidente del Tribunal de Sentencia.

SEGUNDA PARTE

El Presidente del Tribunal de Sentencia se refirió al procedimiento de invitación que está establecido en la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones públicas, señalando que los acusados debiendo hacerlo no lo hicieron. Según la interpretación del tribunal esta formalidad es obligatoria.

Además repitió los dichos de Alfredo Guachiré con relación al tema, cuando éste declaró ante el Tribunal, afirmando que las invitaciones estaban pegadas por el tablero de la SEN. También repitió los dichos de Camilo Soares sobre el mismo tema quien dijo que las invitaciones eran una simple formalidad.

El Presidente del Tribunal en forma escueta y vaga se refirió a la declaración del Perito propuesto por la defensa (Max Rejalada), sobre el tema de las invitaciones: “El Señor Max Rejalada cuando vino a deponer manifestó, hablando mal y pronto, que la invitación no sirve de nada, lo importante es la difusión en el sistema de informaciones de contrataciones públicas o murales de las diferentes instituciones, que los murales en la SEN era una especie de pizarrón donde se iba pegando. Sigue diciendo el Presidente del Tribunal que lo importante si es la invitación, porque la invitación está reglada por la norma y todos estamos obligados al cumplimiento de la ley, porque es una cuestión de rango Constitucional, la ley se cumple porque la Constitución obliga.

Estos principios no fueron aplicados en las licitaciones o en las compras realizadas entre el 21 y 24 de diciembre…….

CRITICA.

Se repite la historia en este juicio oral, Tribunal de Sentencia, sigue juzgando sobre materia que no es de competencia y haciendo galas de su desconocimiento sobre el proceso de contrataciones públicas.

Los que si solemos participar en procesos licitatorios sabemos que lo que la ley de contrataciones públicas quiere es que la mayor cantidad de oferentes se enteren de los llamados a las licitaciones o concursos de ofertas y el medio adecuado para que ello ocurra no es la invitación personalizada. Y La mejor forma de que eso ocurra es publicar en lugares visibles, especialmente ahora que se tienen los portales de contrataciones públicas para dicho efecto. Resulta absurdo pensar que con invitaciones personalizadas se podría llegar a todos los potenciales oferentes interesados en participar en una licitación pública.

El perito Max Rejalada, propuesto por la defensa, con mucha paciencia le dio la información correcta al Tribunal de Sentencia que se resistía a aprender la clase sobre contrataciones públicas.

Nuevamente apareció aquí la orfandad de pruebas del Ministerio Público, quien no presentó ninguna pericia como prueba. Ni siquiera se acompañó de consultores técnicos como lo permite el código procesal penal.

Continúa el relato…………………

Sigue manifestando el Presidente del Tribunal: “Nosotros haciendo ese análisis hemos encontrado que no solamente no se cumplió con lo que establece la Ley Nº 2051, sino que se estableció un procedimiento al antojo del Director, y del Director de la UOC ¿Por qué al antojo? Porque, el Señor Soares, en ese momento, si bien es cierto era el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia Nacional, no tenía esa facultad en base a lo que establece el Art. 9 de la ley 2615, donde determina cuales eran sus atribuciones ¿ Podría tener un manual? Y a lo mejor podía tener, pero eso debería ponerse a consideración del Órgano Consultivo, del Consejo Consultivo del cual él era Presidente y esa circunstancia no lo hizo. Pero más allá de aunque lo hubiese puesto tampoco podía desconocer la vigencia de la Ley Nº 2051, porque no solamente lo reconoció en el decreto por el cual le designa al Señor Guachiré, como director de la UOC, sino porque existe un decreto reglamentario, que el Presidente de la República había establecido. Y recuérdese que él era dependiente del Presidente de la República, y estaba vigente ese decreto y no se dio cumplimiento a ese decreto. Se realizaron esas adjudicaciones violentando totalmente lo que dispone la ley 2051 y fueron adjudicadas y fueron pagadas”.

Prosigue el Presidente del Tribunal diciendo: “Eso lo tenemos por probado conforme a los precios presupuestados entre el 21 y 24 de diciembre del año 2009, porque fueron pagadas con las órdenes de pago para el proveedor Camica S.R.L., con orden de pago Nº 1254, Beltrón S.A. 1256, María Gloria S.R.L. 1258, San Benito S.A., orden de pago Nº 1259, MIFIN orden de pago 1260, Marina del Sol S.R.L 1262”.

CRITICA.

Se mantiene invariable el mal desempeño de funciones del Tribunal de Sentencia juzgando cuestiones que no son de su competencia y ahora vuelve al tema del manual de procedimientos, con una afirmación falsa diciendo que el titular de la SEM no tiene la facultad de elaborar un manual de procedimientos, siendo esto totalmente absurdo ya que todas las instituciones pueden elaborar protocolos, manuales de procedimiento; por ejemplo para ayudar a los funcionarios para tener herramientas relativas a formas de actuar ante situaciones determinadas que tiene sus peculiaridades según el día a día de cada institución y eso no constituye una violación a las normas de más alto rango en el sistema positivo nacional

Continúa el relato………..

Sigue manifestando. Al respecto traemos a colación lo que había manifestado la Señora Ana González y había referido que con relación a las empresas María Gloria y otros no existía adjudicación, sólo resoluciones directas con comparación de presupuestos, presentado a cargo de la unidad operativa de contrataciones. Al no haber adjudicación tampoco se da el segundo paso del procedimiento que establece la ley 2051 en su Art. 34, para las compras directas, no hubo invitación, no hubo adjudicación, se designó de manera directa, tornándose esto en un acto nulo. Nos decía el Secretario ejecutivo, el Señor Soares, yo no podía no cumplir esa licitación porque se podría producir un daño peor, porque se presentaron, pero se podía anular. Entonces él está en posición de un conocimiento del hecho, está actuando con dolo, porque sabía y quería el resultado, él sabía perfectamente que no estaba dando cumplimiento a lo que dispone la ley 2051 de contrataciones públicas, pues no tenía invitación y no tenía adjudicación. Esto también concuerda con lo que dijo el Señor Gónzalez Ramado Deiro Ríos, cuando sostenía de que había simulacro de concursos y para el Tribunal eso fue lo que ocurrió.

CRÍTICA

Las compras que se realizaron solamente con la solicitud de presupuestos están totalmente amparadas en el Art. 33 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas que en su Capítulo 4to. habla sobre las excepciones a las licitaciones, las cual transcribo seguidamente:

“Las Convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas, en los supuestos que a continuación se señalan:

b) por desastres producidos por fenómenos naturales que peligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país;”

Y aquí volvemos a la orfandad probatoria con relación a los desastres producidos por fenómenos naturales, no son los acusados quienes tienen que probar que existieron estos desastres producidos por los fenómenos naturales, es el Ministerio Público que tiene la carga de la prueba y con relación a ese hecho tampoco lo hizo. Pero es fácil saber que en el año 2009, periodo dentro del cual ocurrieron los hechos que supuestamente configuran una lesión de confianza, fue el año de mayor sequía de la historia del Paraguay y este año comentaban en algunos medios periodísticos que temían que se repita.

Sin embargo, esto que estoy contando no está en el expediente, y sabemos lo que no está en el expediente no está en el mundo, es por ello que el Ministerio Público debe aportar las pruebas necesarias a fin de probar la existencia o no de los hechos que se afirma hizo o dejó de hacer el acusado y la existencia de tal o cual hecho concreto.

Otra cuestión aquí que es relevante a la hora del análisis a través de la estructura de la teoría del delito sobre la presencia o no de una causa de justificación que se refiere al estado de necesidad y que no fueron atendidas por el Tribunal de Sentencia ni requeridas las pruebas al Ministerio Público sobre la existencia o no de ese extremo.

CONTINÚA EL RELATO…………..

Prosiguiendo con la explicación de la sentencia, el Presidente del Tribunal, relata que estamos ante un delito denominado de cuello blanco que es sumamente difícil de probar, porque justamente es la autoridad pública la que realiza, bajo un ardid o de legalidad, que es muy difícil poder demostrar, en estas circunstancias esto no ocurrió tenemos certeza absoluta de que los hechos ocurrieron en este orden cronológico de tiempo el relato fáctico acusado por el Ministerio Público”.

Para nosotros, sigue diciendo, el Presidente del Tribunal, desde el momento mismo que el señor Guachiré ha enviado su memorándum ha ayudado a la realización del hecho. Él tampoco podía desconocer la existencia de la ley 2051, bajo esta modalidad se hicieron estas compras y para nosotros cuando esas compran se realizan.

CRÍTICA

Como primera medida hay que decir que los delitos de cuello blanco son hechos punibles de acto y no autor, eso con relación a la afirmación del Presidente del Tribunal en el sentido de que dicho delito es muy difícil de probar por ser una autoridad pública quien la realiza.

Los delitos de cuello blanco son difíciles de perseguir y mucho más de probar porque se caracterizan por ser delitos perpetrados sin violencia, cuyos autores utilizan el intelecto para la realización del hecho punible y no se circunscribe a la calidad de autoridad o de funcionario público, pudiendo tratarse de cualquier persona que tenga las mencionas habilidades intelectuales.

Al afirmar el Presidente del Tribunal que es un delito muy difícil de probar, muchos más abona mi tesis que con esta orfandad probatoria que adorna a la acusación del Ministerio Público, no se puede romper el estado de inocencia de los acusados.

Antes de proseguir, llegado este punto, tengo que realizar algunas precisiones.

Como había dicho al inicio de este artículo los jueces ante todo tienen que buscar la transparencia en sus actuaciones como juzgadores. En esa inteligencia deben ser muy cuidadosos de referirse a todas las pruebas relevantes presentadas por las partes y de fundar ajustado a la sana crítica la aceptación como así también el rechazo de las mismas si corresponde.

El Tribunal de Sentencia en ese sentido no cuidó ese aspecto muy importante, ya que no se refirió a muchas pruebas relevantes presentadas por la defensa, ya que no solo basta que se le permita a las partes presentar y hablar sobre sus pruebas, sino que el juzgador debe referirse a ellas en su sentencia.

A continuación el Tribunal de Sentencia va a determinar un supuesto daño patrimonial al Estado paraguayo utilizando simplemente suma y resta comparando precios de tres licitaciones llevadas adelante en fechas distintas considerando a dos de ellas simuladas y a una como la que se llevó adelante conforme a la ley.

Las licitaciones celebradas entre el 21 y 24 de diciembre del año 2009 y las compara con la licitación de fecha 17 de abril del año 2009. (En las mencionadas fechas se compraron productos no perecederos para la SEN).

La defensa presentó profuso material probatorio sobre distintas licitaciones que se llevaron adelante en el mismo periodo de las licitaciones cuestionadas por el Tribunal de Sentencia, donde varias instituciones, como por ejemplo el mismo Poder Judicial, municipios y otras instituciones públicas, adquirieron los mismos productos que los adquiridos por la SEM en la licitación cuestionada, por precios mayores a los precios cuestionados por el Tribunal de sentencia en el presente juicio.

En ninguna parte de su explicación el Presidente del Tribunal se refiere a pruebas de descargo tan importantes para los acusados, y si las rechaza, en tal caso debe fundamentar porqué lo hace no simplemente ignorarlas.

Análoga situación aconteció a la hora de valorar al único perito experto en contrataciones públicas que acudió al juicio oral y quien fue presentado por la defensa, nuevamente el Ministerio Público brilló por su ausencia en la producción probatoria, teniendo la carga de la prueba sobre sus espaldas.

Con relación a lo prueba pericial presentada por la defensa, el Tribunal de Sentencia, dijo que le resta valor probatorio porque supuestamente se basó en precios de mercado. Cosa que no fue cierto ya que también se refirió a los precios presentados por los oferentes. Pero el tema de los precios de mercado surgió, espontáneamente del contradictorio generado por la acusación del Ministerio Público, donde se habló de precios de mercado, lo que necesariamente obligaba a los peritos a referirse a los precios de mercado.

En cuanto al supuesto daño patrimonial el Tribunal basa su argumento y fundamentación en una simple comparación de precios con otra licitación, lo cual a la luz de la ley de contrataciones públicas no tiene sustento, ya que el comité de evaluación no estudia ofertas de otras licitaciones, sino que debe estudiar las ofertas que se presentan en esa licitación y aceptar la oferta más ventajosa para el Estado de los oferentes que se presentaron a concursar.

CONTINÚA EL RELATO………….

Prosigue, diciendo que.” Hay algo que también queremos compartir. Estas órdenes de compra por ejemplo de Distrimer fueron realizadas al mismo tiempo que eran realizadas las órdenes de compra de las empresas que no participaron conforme a la ley 2051 ¿Y ellos sabían cómo tenían que participar? Si, porque, efectivamente, cuando llamaron al concurso para el 17 de diciembre las firmas Distrimer fueron invitadas, se realizaron las invitaciones, eso está como elemento de prueba donde consta la firma del Señor Guachiré, consta la adjudicación, consta la comunicación de la elección, esa circunstancia fue probada con la declaración de la Señora Sonia Insfran y la Señora Fátima Torres, quienes comunicaron la forma que ellos participaban en el proceso de contratación directa que era la contratación por la cual se regía la SEN en ese momento.

Reiteró el Presidente del Tribunal que Camilo Soares era ordenador de gastos, era el responsable de la administración, era el responsable de que el gasto sea realizado conforme a la ley 2051, cuando su Art. 4 nos habla de principios de dice: Economía y Eficiencia: garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

CRITICA

Se vuelve reiterar el tema de las invitaciones y las compras directas que ya fueron suficientemente explicados.

CONTINÚA EL RELATO…..

Desde el momento que habiéndose adjudicado a las empresas Distrimer y San Cayetano productos a precios inferiores a los adquiridos en la fecha 21 y 24 se han violado estos principios porque el Estado paraguayo ha perdido esas condiciones a las cuales estaba obligado el Ministro Secretario a proteger y no lo hizo. Esto para el Tribunal si ha causado un daño patrimonial.

Seguidamente, dice que el Tribunal le resta valor probatorio a la pericia que determinó que no se causó daño patrimonial en atención a que fueron realizadas sobre valor de mercado. Para nosotros simplemente con el precio que se había adquirido en base a los principios mencionados y que debía realizarse no se realizó.

El resultado está en la diferencia de precios, hay una pérdida de Chance para el Estado paraguayo que perjudica.

Hemos hecho un análisis y no es un análisis muy complejo, porque es simplemente observar las facturas de los precios comprados entre el 17 de diciembre de 2009 y los precios de los productos comprados posteriormente. Hemos encontrado variación de precios; es así que tenemos:………..» Y allí comienza con una cansina e intrascendente comparación de precios.

En otro momento el Presidente del Tribunal dice que: “ Hemos hecho el análisis cuantitativo y cualitativo en armonía con todas la pruebas, aplicando la sana crítica, entre ellos la lógica y la lógica nos lleva a las matemáticas haciendo la operación correspondiente, hemos encontrado que en las fechas entre el 21 y 24 se han adjudicado 145.740 Kilos de arroz, 72.870 Kilos de yerba, 43.722 kilos de fideo, 72.870 Kilos de poroto rojo, 72.870 litros de aceite comestible, 14.574 kilos de sal yodada, 72.870 kilos de palito coquito, 43.722 kilos, lo cual haciendo la operación matemática de la diferenciación de precios nos arroja una diferencia de 943.666.500 guaraníes el Estado paraguayo ha pagado de más.

Este gasto extra que ha hecho el Estado paraguayo a través de la Secretaría Nacional de Emergencia Nacional, bajo la dirección del entonces Señor Camilo Soares, ha producido ese perjuicio patrimonial bajo la ayuda del Señor Guachiré. ¿Cómo se dio esa ayuda nos preguntaba la defensa 1? Y esa ayuda se dio con la aprobación de manual de procedimientos, obviando todos los procedimientos que establecen la Ley 2051 y violando principalmente la Constitución en el Art. 138 que estable que el cumplimiento de la ley es obligatorio para todos.

Encontrándose reunidos los elementos objetivos, tenemos que los elementos subjetivos también están dados, tenemos un dolo de primer grado, la conducta también es antijurídica no se da ninguna causa de justificación, tratar de manifestar que había necesidades para de esa forma generar un gasto innecesario, un despilfarro del dinero del Estado no está justificado. Los gastos podía hacerse su forma y su procedimiento y eso no se respetó y finalmente la conducta es también reprochable, no hemos encontrado ni una circunstancia de alteración mental que podamos presumir que en ese momento los acusado son gozaban de su completa conciencia, por lo tanto finalmente la conducta debe ser punible.

CRÍTICA

El Tribunal de Sentencia después de haber afirmado de que se trata de un hecho punible de cuello blanco difícil de probar, nos dice que con un simple cálculo de suma y resta llega a la conclusión de daño patrimonial para el Estado, utilizando precios de otra licitación en forma indebida obviando el análisis relativo a circunstancias de tiempo, condiciones del mercado ya que no es lo mismo compra en diciembre donde todos los precios por la proximidad de las fiestas suben hasta las nubes que hacer compras en abril donde existe menos demanda de los productos comestibles.

Y ya se explicó suficientemente que cada licitación es diferente y el comité de evaluación de la UOC no puede valorar otros precios que no sean de los propuestos por los oferentes que se presentaron a la licitación.

Vuelve a infravalorar la pericia presentada por la defensa con argumentos que no se compadecen con la realidad ya que rechaza esa prueba porque según el Tribunal se basó en precios de mercado y se olvida el Tribunal que los precios del mercado fueron parte del contradictorio y también explicó el perito que la comparación entre precios de diferentes licitaciones es estéril por las razones ya expuestas.

Con relación al estado de necesidad, como habíamos dicho más arriba, el Ministerio Público no presentó pruebas para descartar la ocurrencia o el acaecimiento de una catástrofe durante el periodo en que fue supuestamente perpetrado el hecho punible de lesión de confianza por los acusados,  como consecuencias de fenómenos naturales, por lo que el tribunal no puede asegurar que np existió el estado de necesidad que justifique la conducta que típica y antijurídica de los ciudadanos acusados.

CONTINÚA EL RELATO………..

Antes de pasar a la punibilidad, la Dra. María Fernanda una manifestación con relación a circunstancias que ha manifestado el Señor Soares al momento de su deposición:

Seguidamente interviene la Dra. María Fernanda y manifiesta: “Muchas gracias Señor Presidente. Teniendo en cuenta que el acusado Camilo Soares, en oportunidad de su audiencia indagatoria, ha hecho referencia a la Sentencia Definitiva Nº 146 de fecha 16 de mayo del 2019, dictada por los miembros Héctor Luis Capurro, como presidente, María Fernanda García de Zúñiga y Cinthia Lovera como miembros titulares, en la causa: “Gladys Mercedes Nicolaxa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza”, juicio que nos ha tocado intervenir. “DEBEMOS SEÑALAR QUE LA CERTEZA PERSEGUIDA POR EL DERECHO PENAL SE BASA QUE EN NINGÚN CULPABLE RESULTA INOCENTE A COSTA DE LA INCERTIDUMBRE Y VICEVERSA. En este caso particular este Tribunal colegiado arribó a la conclusión en base a lo siguiente: El Ministerio Público había basado única y exclusivamente su imputación y acusación en la auditoría especial realizada por la Contraloría General de la república, mediante el reporte de indicio de hechos punibles contra el patrimonio. Entiende este Tribunal que en el juicio señalado el Ministerio Público había fundado su imputación y posterior acusación en base a indicios o supuestos indicios de hechos punibles, sin haber realizado casi ninguna actividad investigativa, cosa que no ocurre en este caso objeto del juicio, que pudiese reforzar el trabajo realizado por la contraloría, para este Tribunal de Mérito se trata de un reporte de indicios emanados por un órgano, que no es parte del proceso penal, es una institución extra poder al proceso. Finalmente lo que realiza la Contraloría es el reporte de indicios comunicando al Ministerio Público la existencia de haber supuestos indicios de hechos punibles. Siendo este que luego de realizar una labor investigativa acabada debe formular su acusación, y, considerando, a su vez, que la carga de la prueba, de los hechos punibles, incumbe al órgano acusador tratándose sobre todo de hechos punibles de acción penal pública, para de esta manera, crear una certeza absoluta en el Tribunal sentenciador. Resulta importante referirnos, que en el caso de referencia, han depuesto funcionarios de la Contraloría, quienes se limitaron, únicamente, a ratificarse del trabajo realizado, vale decir, el reporte de indicios. Para los miembros de este Tribunal, Héctor Luis Capurro, María Fernanda García de Zúñiga y Cinthia Lovera en la causa: “Gladys Mercedes Nicolaxa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza” ha habido orfandad probatoria notoriamente insuficiente para acreditar el hecho punible. Muchas gracias”

CRÍTICA.

A los largo de la explicación de la sentencia he criticado al Tribunal de Sentencia su falta de transparencia y sobre todo su parcialidad a la hora de valorar las pruebas producidas en el juicio oral, ignorando varias pruebas fundamentales presentadas por la defensa e infravalorando sin fundamento valedero y razonable algunas pocas pruebas que no ignoró,  de las cuales se refirió escuetamente.

Cuando pensaba que la Jueza María Fernanda García de Zuñiga pidió intervenir en la explicación de la sentencia, para aportar alguna argumentación que arregle en algo lo explicado por el Presidente hasta ese momento, inicia muy mal, expresando un máxima jurídica que constituye las bases sobre las cuales se sustenta la llamada Política Criminal Autoritaria y el Derecho Penal autoritario y ella nos afirma con toda seguridad que: “DEBEMOS SEÑALAR QUE LA CERTEZA PERSEGUIDA POR EL DERECHO PENAL SE BASA QUE EN NINGÚN CULPABLE RESULTA INOCENTE A COSTA DE LA INCERTIDUMBRE Y VICEVERSA”.

Con relación a esta convicción de la Magistrada, el DR. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON, sistematiza las notas distintivas del derecho penal autoritario:

“a) El mantenimiento de la verdad oficial contra el disenso, la divergencia y la libertad de conciencia. El derecho penal autoritario actúa en función del mantenimiento del poder.

b) El principio de legalidad es ineficaz y se da paso a la analogía, a las fórmulas elásticas y a la defensa del sentimiento popular y la conciencia general. Aquí se exterioriza una «previsión de figuras del delito elásticas e indeterminadas, idóneas para connotar términos vagos e imprecisos», que se caracterizan por su «incertidumbre e imprevisibilidad y la configuración de un sistema de poder no controlable racionalmente por ausencia de parámetros ciertos y racionales de convalidación y anulación». En consecuencia la certeza perseguida por este derecho penal autoritario estriba en que ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también algún inocente pueda ser castigado, que se sustenta en el ámbito procesal penal bajo el aforismo latino in dubio contra reum.

c) Las penas son intimidativas, aflictivas o crueles, graduadas por la significación del autor (su inmoralidad, peligrosidad u hostilidad), con lo cual es entronizado el derecho penal de autor, castigándose la ideación del delito, las simples exteriorizaciones y los actos preparatorios del delito. De esta manera se «disuelve el comportamiento criminoso como presupuesto de la pena hasta identificar al tipo de sujeto o de autor como delincuente desde un punto de vista ético, naturalista o social»56.

d) La pena tiene por finalidad la expiación y la defensa de los intereses de la comunidad.

e) El delito, antes que una vulneración de bienes jurídicos, es una violación del deber de fidelidad y obediencia que se tiene frente al Estado, es decir, prima una concepción «ontológica o sustancialista de la desviación penalmente relevante»57.

f) El uso de tribunales especiales y de excepción.”

No se trata de un hecho menor, ya que a partir del principio de Derecho Penal Autoritario que ha sido expresado y reivindicado por la Magistrada, podemos colegir que en base a esos principios que van de contramano con los principios y garantías establecidos en la Constitución y el Código Procesal Penal, juzga los casos que llegan a su competencia. Resulta preocupante, porque nuestra Constitución y específicamente el Código Procesal Penal, en el Libro Preliminar, cuyo epígrafe dice: FUNDAMENTOS, y el Título 1, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES, en su Art. 5 reza: “ En caso de duda los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado”.

La Magistrada más adelante en su alocución dice muy bien que la carga de la prueba está en el Ministerio Público, pero lo llamativo es que en este juicio no atinó a cuestionar la ORFANDAD PROBATORIA para poder sostener una acusación y mucho peor para conseguir una condena.

No cuestionó al Ministerio Público que no haya propuesto a un perito, ya que se notó que tanto el Ministerio Público como el Tribunal ignoraban el procedimiento de una contratación pública. Pero esto es comprensible porque los jueces y lo fiscales ni los abogados defensores están obligados a conocer todo como expertos. Como lo afirmó el Presidente del Tribunal se trata de un delito de cuello blanco muy difícil de probar. Por esa razón el Código Procesal Penal, no solo prevé la figura del perito experto, sino también de los consultores técnicos que pueden ser designados tanto por el Ministerio Público, como por la Defensa Técnica.

Y al final la explicación dada por la Magistrada no fue convincente y no hizo más que dar fuerza a la defensa material de Camilo Soarez y poner en duda la coherencia e imparcialidad de dos de los miembros del Tribunal de Sentencia al juzgar o fallar en forma disímil dos casos análogos, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley del gozan los ciudadanos y está establecido en los Artículos 46 y 47 de nuestra Constitución.

CONTINÚA EL RELATO……… (ÚLTIMA PARTE)

Prosigue el Presidente del Tribunal, “antes de analizar la punibilidad de los acusados vamos a pasar a analizar la punibilidad que va tener. Si bien es cierto el Ministerio Público solicitó que sea calificado dentro del Art. 192, inciso 1ro., el Tribunal considera pertinente, en base al artículo 400, calificar la conducta de los acusados dentro de lo que dispone el Artículo 192, inciso 1ro y 2do. En cuanto al grado de participación. Para el Señor Camilo Soares el Art. 29 inciso 1ro y en cuanto al grado de participación para el Señor Alfredo Gauchiré el Art. 31 del Código Penal. Establecido entonces el marco penal tenemos una pena privativa de libertad que va de 6 meses a 10 años. EL Ministerio Público ha solicitado una pena privativa de libertad de 5 años para el Señor Camilo Soares y una pena privativa de libertad de 3 tres años para el Señor Alfredo Guachiré. Hemos analizado en base a lo que dispone el Artículo 65, el Art. 20 de la Constitución Nacional y el Tribunal considera que la pena justa para el Señor Camilo Soares es la pena privativa de libertad de 5 años y para el Señor Alfredo Guachiré la pena privativa de libertad de 3 años y 9 meses. También el Tribunal impone las siguientes medidas cautelares a los acusados: la obligación de salir del país y la comparecencia mensual ante el Tribunal, ante la secretaría del Tribunal del juzgado penal de sentencia Nro. 35 del 1 al 5 de cada mes, también se le imponen las costas, también se va disponer la devolución del teléfono celular, que era el corporativo propiedad de la secretaría de emergencia nacional esa es la resolución del Tribunal que tengan muy buen día”.

CRITICA.

Recuerdan aquél niño que salía con su padre del Estadio de fútbol, y ante la consulta del periodista sobre cómo se sentía, dijo: “no me paro de emocionar señor”. Yo les puedo decir que con este fallo del Tribunal de Sentencia no me paro de asustar señores, .

Ahora nos dice el Presidente del Tribunal que aunque el Ministerio Público solicitó solicitó que se califique la conducta de los acusados dentro de lo establecido en el Art. 192, inciso 1º, el Tribunal, considera además calificar la conducta en base al inciso 2º, y, también decide aumentar el marco penal de 6 meses hasta 10 años de pena privativa de libertad.

Uno de los principios más importantes del Derecho Penal es el Principio de Legalidad y por esta razón se encuentra en el Artículo 1 del Código Penal y establece:

“Nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción”.

Nadie será sancionado con una pena nos dice, si la conducta no esta expresa y estrictamente descrita en una ley vigente…………………..

Teniendo presente este principio, el inciso 2º del Art. 192, es inaplicable. No solamente para Camilo Soares y para Alfredo Guachiré, sino para todos los habitantes de esta República susceptibles de ser imputables por la comisión del hecho punible de Lesión de Confianza.

La excelente abogada del Ministerio Público, porque es así, es una profesional destacada en su trabajo, a quien enviaron a tratar de limpiar la cara del Ministerio Público y a tratar de salvar el mal trabajo de investigación hecho por sus predecesores en el ejercicio de la persecución penal, no acusó por el inciso 2º del Art. 192 del Código Penal, porque ella maneja muy bien los principios del derecho penal.

Seguidamente paso a transcribir el Art. 192 del C.P. que en la parte pertinente, reza:

“LESIÓN DE CONFIANZA DESCRITO EN EL ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO PENAL…

1º El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años con multa.

2º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. No se aplicará el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a un valor menor de diez jornales.”

En este inciso 2º hay que tener presente lo que nos dice el principio de legalidad en cuantos a los presupuestos de punibilidad y uno de esos presupuestos es la descripción de la conducta en un hecho punible o el modelo de conducta del Tipo Legal como también se lo denomina.

Ello se refiere a que expresa y estrictamente debe estar descrita conducta que se va a castigar. Entonces el inciso 2 del Art. 192 no describe, no expresa cuales son los casos especialmente graves que tiene que realizar el ciudadano para que se le pueda condenar por el tipo agravado de lesión de confianza.

Ahora a modo de ejemplo vamos ver un hecho punible donde si está bien descrita la conducta agravada y no vulnera el principio de legalidad. Paso a transcribir el Art. 184 inciso 4º del C.P. De la violación de los derechos de marca.

“1º El que:

4º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años.

Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha:

1. Empleado método y medios de una producción industrial o comercialización masiva;

2. producido objetos con un valor económico considerable; o

3. utilizado, para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años.“

Como se puede apreciar esta es la forma correcta de legislar un hecho punible agravado, se describe cuáles son las conductas que el sujeto tiene que realizar para considerar que su conducta es agravada y merecedora de más pena.

El inciso 2º del Art. 192 sólo dice «en los casos especialmente graves» y más nada. Por lo que el Tribunal de Sentencia no puede decidir que hechos son graves ya que la ley no lo dice, porque se erige en legislador abusando de su poder.

El Tribunal de Sentencia no puede considerar lo que se le antoje como un hecho grave o agravante cuando no lo dice la ley. Este tribunal no sólo ha sumado el poder público, relativa al Poder Ejecutivo con relación a juzgar quien violó o no normas de la ley de contrataciones públicas no pudiendo hacerlo, sino que también se abrogó poderes legislativos para calificar la conducta de los acusados dentro de una ley agravada inventada por el Tribunal, violando el principio de legalidad.

Y ahí no termina la cuestión con relación al inciso 2º del Art. 192, porque no hay que perder de vista que en la imputación, en la acusación y en el debate del juicio oral y público, NUNCA se planteó la conducta agravada, por lo que el Tribunal de Sentencia, por su capricho y antojo, violando el Art. 16 de la Constitución Nacional (Inviolabilidad de la defensa), como quien no quiere la cosa, como sorpresita del cumpleañitos, después de cantarse el cumpleaños feliz, haberse apagado las velitas, repartido la torta y quitado las fotos, incorpora nuevos hechos imputables a los acusados, sin haberles dado a estos la oportunidad de preparar su defensa sobre los supuestos hechos agravados que acaba de inventar el Tribunal de Sentencia, concentrando el Poder Absoluto de la República del Paraguay en ellos.

EL Tribunal de Sentencia trató de justificar esta barbaridad jurídica invocando la segunda parte del Art. 400 del Código Procesal Penal. Pero se olvidó de la parte más importante la primera parte del mencionado artículo que sustenta mi crítica que reza: «La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de de la acusación, salvo cuando favorezca al imputado».  

Por lo expuesto y como lo había adelantado en mi anterior publicación sobre este juicio oral y público la sentencia políticamente correcta era la absolución por el beneficio de la duda, el in dubio por reo.

Lo jurídicamente correcto hubiera sido una absolución total.

Con esto termino mi crítica a esta sentencia condenatoria con la intención de mostrar al público como se llevan adelante los juicios orales y públicos en el Paraguay, porque este caso lo visualizamos debido a que se trata de personas públicas, conocidas, especialmente en el caso de Camilo Soares, y también gracias a la transmisión  del portal de la Corte Suprema de Justicia, pero esto es pan de cada día en los tribunales, donde el ciudadano común está sin protección ante estos abusos de las autoridades.

Tenemos que buscar la forma de cambiar estas prácticas arbitrarias de uso del poder por el poder, con el propósito de perseguir, amedrentar, extorsionar a enemigos políticos, comerciales, etc.

La Constitución dice que la soberanía reside en el Pueblo y éste ejerce el poder público por medio del sufragio. Cada cinco años hay que usar bien ese derecho, no entregarlo por dádivas. Estudiar a los candidatos, su testimonio de vida, sus planes de políticas de Estado, la forma y los medios que utilizará para llevar a cabo sus promesas, es la única oportunidad que tenés de elegir qué tipo de justicia querés para tu país.