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Abog. Omar Nayar
Abog. Omar Nayar

La esencia del Estado paraguayo está descrita en la primera parte de la Constitución, desde el mismo preámbulo, donde ratifica los principios de una democracia republicana, representativa, participativa y pluralista; seguidamente, en las declaraciones fundamentales, nos habla de la forma del Estado y de gobierno, donde vuelve a reiterar aquellos postulados. Asimismo, aclara que la soberanía reside en el pueblo y que esta ejerce ese poder público por medio del sufragio.

Del ejercicio soberano del poder público surge la voluntad popular, ungiendo a los ciudadanos electos, quienes representan a la voluntad del pueblo (distintos sectores sociales) en el Gobierno.

Esta representación se lleva adelante a través de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control, como lo expresa nuestra Carta Magma en sus tres primeros artículos, siendo estos los fundamentales, porque constituyen la base de todos los demás artículos, tanto de la parte dogmática como de la parte orgánica.

La Constitución trata de garantizar que la voluntad popular sea respetada siempre, establece las condiciones normativas para que se trasunte en las políticas públicas planificadas y ejecutadas por el Gobierno. Por medio de sus mandatarios el pueblo hace escuchar su voz y marca los destinos de la nación por un periodo de 5 años.

No hay que perder de vista que los ciudadanos electos pertenecen a distintos sectores de la sociedad, quienes, por medio de la contienda electoral, se ganaron un espacio para el ejercicio del poder.

Es así que el Art. 190 de la Constitución establece claramente hasta dónde se le faculta a actuar a los miembros del Congreso Nacional en el caso de presentarse circunstancias previstas en la Constitución que los habiliten a sancionar a sus pares.

En ese sentido, la Constitución faculta al cuerpo legislativo a sancionar a sus pares en los siguientes casos: “Cada Cámara redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos”.

Como primera medida nos dice la Constitución que el cuerpo parlamentario colegiado podrá amonestar y apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones.

Con relación a este punto, el doctor Manuel Ramírez Candia, en el tomo II del libro de su autoría, titulado: “Derecho Constitucional Paraguayo”, nos dice cuanto sigue: “Es un llamado de atención que se impone al legislador por conducta que afecta el normal desarrollo de las actividades del Congreso. Estas conductas pueden ser interrupción del orador sin autorización correspondiente…, hacer alusiones irrespetuosas…”.

Con relación a la suspensión, el profesor doctor Ramírez Candia, nos dice: “Implica la cesación temporal de las funciones del legislador afectado por esta sanción”.

En lo concerniente a la REMOCIÓN solo está permitido en dos casos: por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia y en los casos de renuncia. Es importante señalar que no es cualquier juez quien juzga o declara la incapacidad física o mental del parlamentario, es la misma Corte Suprema de Justicia. No teniendo la cámara respectiva la jurisdicción ni la competencia para decir este extremo. Y con relación a la RENUNCIA es un acto voluntario del parlamentario, el cual una vez materializado es sometido a votación por los pares.

El Art. 201 de la Constitución, de la pérdida de investidura, o remoción, que es lo mismo, reza: “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: 1. la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y 2. el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.

Solo se agregan más causales por las cuales podrán ser removidos los parlamentarios, pero en ninguna parte del texto dice que se faculta a los miembros del Congreso Nacional a erigirse en juzgadores de sus pares. Los parlamentarios carecen de jurisdicción y competencia para determinar si las causales establecidas en el mencionado artículo para la remoción se han materializado. Tampoco tienen facultad para determinar si el autor de dichos hechos sea el parlamentario, a quien se endilga la autoría de los mismos. Dicho extremo tiene que ser previamente determinado por un juez natural con jurisdicción y competencia para dicho efecto. El sometimiento al debido proceso es una garantía constitucional para todos los ciudadanos.

Así también lo entendieron los convencionales constituyentes al fundamentar el Art. 190 de la Constitución, como muy bien lo expuso el convencional Bernardino Cano Radil, con las siguientes palabras: “…Un diputado o un senador electo democráticamente y legitimado por voto popular solamente puede ser excluido de la Cámara cuando se afecte su inmunidad a través de un proceso de juicio político o se le pida el desafuero por delitos comunes, pero de ningún modo el cuerpo colegiado puede excluirlo de su seno por desorden de conducta o lo que sea si no hay una causa claramente establecida a través de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque no puede un cuerpo colegiado, que es un organismo de segundo grado, juzgar y excluir de su seno a una persona que haya sido electa y legitimada por voto popular. No sé si está clara la explicación del porqué hemos decidido excluir la posibilidad de la exclusión del seno de un parlamentario por sus pares. Hemos analizado también que eso puede ser motivo de represalias políticas, hemos analizado que no es procedente, etc.” (Fuente: Constitución de la República del Paraguay con sus fundamentos. Investigación y recopilación J.M. PLANO DE EGEA. Edición año 1992).

Con relación al mismo tema, sobre quiénes deben juzgar a los parlamentarios por las causales establecidas en el Art. 201 de la Constitución, el profesor doctor Ramírez Candia nos dice en su obra citada más arriba lo siguiente: “La normativa constitucional no establece cuál es el órgano competente para juzgar las causales de pérdida de investidura parlamentaria, por lo que siendo el Tribunal Electoral el órgano competente para juzgar los títulos electivos, corresponde que dicho órgano judicial juzgue la cesación del mandato parlamentario”.

Con esta otra interpretación del Art. 201 podemos asegurar que definitivamente los parlamentarios no pueden ser removidos por sus pares, sin que previamente se hayan comprobado las causales por una sentencia firme y ejecutoriada emanada de un órgano jurisdiccional competente.

Es menester agregar que el ámbito del Derecho Público campea el principio de legalidad y que a diferencia del Derecho Privado postula que lo que no está expresamente permitido está prohibido.

Estas disposiciones constitucionales están en consonancia con las declaraciones fundamentales con las que inicié este artículo, que siempre buscan proteger la voluntad popular. Un parlamentario es electo por el pueblo, en una de las pocas oportunidades que tiene el ciudadano de ejercer el poder público, por medio del sufragio. Y para evitar que mayorías coyunturales en el Congreso nacional, motivadas por intereses particulares y vinculadas a disputas de poder o por cuestiones que tienen que ver con la persecución y eliminación de enemigos políticos, priven ilegítima e ilegalmente a un sector de la sociedad de su representante electo por mayoría popular, quebrantando el equilibrio de los poderes del Estado.