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jueves 23 septiembre 2021

Garantías Constitucionales, en manos de jueces ordinarios, un despropósito

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Abogado Omar Nayar
Abogado Omar Nayar

No pocas veces se ha afirmado que temas relativos a las garantías constitucionales como el amparo, el habeas corpus o el habeas data, no pueden se confiados jueces de los fueros ordinarios; ya sea, por su falta de especialización o por el recargo de trabajo que los mismos tienen en su rutina ordinaria, atendiendo los expedientes propios de su fuero.

Hace unos años el Dr. Juan Carlos Mendonca, afirmaba, en una nota periodística, que la estructura del Estado, especialmente, la del Poder Judicial, no daba a vasto con la cantidad de casos que les ocupaba resolver y que esa era la causa principal de la moratoria judicial.

Es así que los grandes maestros del Derecho Constitucional recomiendan que para atender los casos que tienen que ver con garantías constituciones, es menester contar con Juzgados y Tribunales especializados y exclusivos, debido a las características de estas instituciones jurídicas, que importan un cariz de emergencia, para auxiliar con urgencia e inmediatamente, a los ciudadanos que están pasando por situaciones graves de vulneración de bienes jurídicos importantes como la vida, la libertad, la salud etc…, y que para poder protegerlos resulta ineficaz recurrir a los fueros ordinarios, ya que los mismos están plagados de burocracia, por las características mismas de su ritual procesal, donde muy probablemente, si el usuario de justicia opta por seguir ese camino, resultaría ilusoria una sentencia favorable a sus pretensiones, debido a  que la tardanza en la reacción del Estado devendría ineficaz para evita un daño irreparable al bien jurídico protegido por la ley.

El Código de Procedimientos Civiles establece que el amparo puede ser planteado ante cualquier juzgado de primera instancia de cualquier fuero, lo que a primera vista pareciera un gran abanico de posibilidades y facilidades para el ciudadano usuario de justicia.

En la realidad, esto se torna una ruleta rusa que da mucha inseguridad a los amparistas, quienes, generalmente, recurren a la figura del amparo, debido a una situación extrema de inminente peligro o efectivo daño a un bien jurídico protegido.

Hay que tener presente que los usuarios de justicia recurren a estas garantías después de haber pasado por muchas situaciones desagradables, y ante la desesperación, optan por instar a la justicia. En el caso de Paraguay, la seguridad jurídica, está consuetudinariamente ausente; y por el contrario, como materia prima o motor del negocio de tráfico de influencia, casi siempre, está presente la inseguridad jurídica.

La Corte Suprema de Justicia, acordada mediante, y en violación de la ley procesal, ha dispuesto que las cuestiones que tienen que ver con acciones de amparo, en el departamento central, sean sorteados en Garantías Constitucionales de San Lorenzo, pudiendo caer en cualquier Juzgado del Departamento Central, con jueces de cualquier fuero, inclusive con jueces de sentencia, quienes están abarrotados de trabajo.

En la práctica, lo que suele suceder, según comentan algunos funcionarios, es que, debido al exceso de trabajo que tienen los juzgados, cuando un amparo, producto del mencionado sorteo, cae en estos juzgados, representa para éstos como un castigo, que hace que tengan que dejar de lado el ya abultado trabajo y atender, de mala gana, una garantía constitucional tan importante que suele ser la salvación para muchos usuarios de justicia, quienes están siendo objeto de vejámenes por parte del Estado o de particulares.

Por la experiencia que tenemos en el ejercicio de la profesión, podemos afirmar, que esto se agrava cuando el amparo cae en estos juzgados, los días viernes, ya que tienen que seguir trabajando el fin de semana, porque se habilitan días y horas inhábiles para continuar con el proceso de amparo. Esto debido a su característica, porque se ocupa de casos que deben ser atendidos con suma urgencia. Siendo muchas de las veces el rechazo in límine, sin muchos fundamentos, la salida más elegante y nefasta, a la vez, para desligarse del problema, causando, muchas veces, daños irreparables para los ciudadanos. 

            Además de esta realidad, no es menos cierto que la falta de especialización de los jueces en estas garantías constitucionales y su correlato con la realidad, a la hora de identificar qué casos son susceptibles de amparo y qué casos no lo son, evidencia una desprolijidad en el trabajo.  En varias resoluciones uno puede ver, a simple vista, la ausencia de un conocimiento acabado de estas instituciones jurídicas. Es por ello, que, urgentemente, se debe dar un cambio en la legislación con relación al proceso de la acción de amparo, porque el Poder Judicial necesita habilitar nuevos juzgados especializados y exclusivos para entender en tan importantes auxilios jurídicos, como lo son las garantías constitucionales, las cuales ayudan a construir un Estado de Derecho y colaboran, grandemente, a evitar la pérdida o el daño de bienes jurídicos, especialmente, los más importantes como son la vida, la libertad etc.… y no es saludable, en lo absoluto, dejar tamaña tarea a jueces o tribunales ordinarios.

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